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OSCAR NICASIO LAGUNES LOPEZ (2011, [Tesis de maestría])
La presente investigación tiene por objetivo general analizar la función fiscalizadora del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en el periodo 2004-10, concretamente en cuanto a la aplicación e uso indebido de los recursos públicos de los sujetos obligados a nivel estatal. La pregunta general que dirige toda la investigación es si la fiscalización que lleva a cabo el ISAF ha contribuido a combatir la corrupción, entendida como la malversación o uso indebido de los recursos públicos. La respuesta obtenida al final de la indagación documental es que el ISAF no ha evitado la corrupción en el uso de los recursos públicos, sino que únicamente la ha reducido. Tampoco ha podido desalentar las prácticas deshonestas en los servidores públicos, a causa de su limitada capacidad legal para aplicar sanciones.
Durante los años ochenta comenzaron a desarrollarse algunos conceptos teóricos como los de Sociedad Civil, New Public Magnament, Governance y Capital Social que asentaban las bases ideales en las que deberían fundarse las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los lineamientos teóricos de estos conceptos fracasaron y en los noventas apareció el concepto de Accountability, “rendición de cuentas”, ante un clima de corrupción e incertidumbre en el manejo de los recursos públicos. Este término alude a la obligación que tienen los gobiernos de informar y dar cuenta de sus acciones a la sociedad. El rendir cuentas se tornó así en una obligación de los gobiernos y en un derecho de los ciudadanos. La rendición de cuentas busca disminuir la corrupción en el ejercicio de la función pública, por medio de la fiscalización que realizan las entidades encargadas de ejercerla en cada Estado. Para lograr este objetivo, estas entidades se atienen a los principios o criterios económicos de eficiencia, eficacia, equidad y honestidad en el manejo de los recursos públicos.
En el Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización es el encargado de fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los Municipios y todas las dependencias del gobierno. La cuenta pública es un reporte anual que debe entregar el gobierno estatal y municipal para que den cuenta de los estados financieros, origen y destinos de sus gastos, decisiones, contratos y estado del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y subprogramas de gobierno. Las cuentas públicas deben de interpretarse según la lógica de la buena práctica o lógica de la eficiencia en las acciones y la lógica de lo correcto o lógica del apego a la legalidad. Es importante también la aplicación de medidas y sanciones para desalentar la corrupción al interior del gobierno.
El marco legal existente en el Estado de Sonora sobre la fiscalización de las cuentas públicas estatales está integrado por siete leyes. Sin embargo, éste no es preciso en cuanto al modo en el que debe darse el proceso de fiscalización, pues son vagos los plazos que establece para que sean realizadas ciertas acciones entorno a dicho proceso. Las sanciones previstas en estas leyes contemplan la aplicación de multas económicas, amonestaciones, apercibimientos para los casos de incumplimiento de deberes en la función pública. Las sanciones más fuertes que se deben aplicar para casos graves de delitos cometidos por los funcionarios públicos son la suspensión, la destitución del puesto y la inhabilitación, pero la legislación no explica en qué consisten, no las define. Las leyes sobre la fiscalización de las cuentas públicas tampoco definen conceptos como el de fiscalización y Auditoría. Estas sanciones son insuficientes, ya que no prevén la posibilidad de que un servidor público se quede con bienes del Estado tan vastos como para vivir holgadamente toda la vida y disfrutar de su libertad.
La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (2008) es la más reciente de las leyes en lo que a fiscalización de cuentas públicas se refiere. Es importante porque faculta al ISAF para promover el fincamiento de responsabilidades y fincar indemnizaciones resarcitorias a aquellos funcionarios que hayan dañado el patrimonio público. No obstante, el Instituto no puede aplicar sanciones administrativas, atribución exclusiva de la Contraloría del Estado. La legislación vigente limita al ISAF su campo de acción para que pueda aplicar sanciones distintas a las económicas.
La aplicación de sanciones se realiza con discrecionalidad y haciendo excepción de personas, según se trate de funcionarios miembros del partido mayoritario del congreso o del gobernador del Estado. La inexistencia de casos en la historia del Estado de Sonora de gobernadores que hayan sido castigados con cárcel y con sanciones económicas hace pensar: a) o que el gobernador es un dechado de virtudes, o b) que simplemente no se le ha aplicado la ley. La desproporcionalidad entre delito y sanción, la falta de claridad en la aplicación de sanciones, la imprecisión de las leyes y la ambigüedad de los procedimientos para aplicarlas generan leyes débiles que abren ventanas a la corrupción en la administración pública gubernamental.
El marco institucional y al proceso de revisión de las cuentas públicas es fundamental para comprender el proceso de fiscalización de las cuentas públicas en el Estado. La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) evolucionó hacia el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el 12 de julio del 2005; la elección del Auditor Mayor que preside al ISAF tiene lugar cada siete años y la estructura orgánica de este órgano técnico del Congreso del Estado consta de un total de 105 funcionarios.
Los gobiernos divididos permiten mayor pluralidad política y que un partido sea el contrapeso de otro; además, asegura que ningún poder esté por encima de los demás poderes. El primer gobierno dividido en México llegó en 1997 y en Sonora tuvo lugar en la LV Legislatura (1997-2000). Las principales leyes de fiscalización en México y en Sonora han sido aprobadas bajo este tipo de gobiernos. La fiscalización de las cuentas públicas 2004-2010 fue realizada en el contexto de gobiernos divididos, particularmente en las administraciones de Eduardo Robinson Bours Castelo (2003-2009), Guillermo Padrés Elías (2009-2015) y durante las Legislaturas LVII, LVIII y LIX del Congreso del Estado.
La Comisión de Vigilancia es la intermediaria entre el Congreso y el ISAF para el proceso de fiscalización de las cuentas públicas estatales. Éstas son elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Estado y enviadas al Congreso por el Ejecutivo del Estado. El ISAF es el responsable de revisar las cuentas públicas del año inmediato anterior, una vez que se las turna el Congreso. Posteriormente, el ISAF envía el Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas Estatales al Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, para su aprobación. La Contraloría del Estado da seguimiento a las observaciones que se deriven de dicha revisión para su solventación.
Las observaciones de los informes de resultados de la revisión de las cuentas públicas del Estado de Sonora se tipifican en seis clases: Incumplimiento de Metas (IM), Irregularidades en la Asignación de Contratos (IAC), Irregularidades en la Obra Pública (IOP), Gastos No Comprobados (GNC), Gastos No Autorizados (GNA) e Incumplimiento de Deberes Institucionales (IDI).
Las cinco dependencias de gobierno en orden de la que más a la que menos observaciones recibió en el periodo 2004-2010 fueron la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y el Ejecutivo del Estado. Las que más solventaron sus observaciones fueron la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Gobierno; las que menos solventaron fueron la SEC y la SIDUR. El Ejecutivo del Estado no generó observaciones qué solventar. En orden al presupuesto ejercido, las que más ejercieron presupuesto fueron la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la Secretaría de Gobierno; las que menos ejercieron, el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Contraloría General.
Las categorías de observaciones más frecuencias en estas cinco dependencias de gobierno son las de IOP, GNA y GNC que también son las que tienen monto financiero. La SEC y la SIDUR acapararon el mayor número de estas observaciones. Sólo 43 de un total de 140 observaciones pendientes fueron de monto financiero. Esto es, el 30.71% de las observaciones pendientes presentaron monto financiero. La SIDUR con el 60.47% y la SEC con el 37.21% del total de las observaciones con monto financiero fueron las dependencias que mostraron el mayor número de estas observaciones. Este par de dependencias son las que tienen más ventanas de oportunidad para la malversación de fondos públicos.
El número de observaciones incrementó progresivamente en cada año del periodo. En cambio, el número de solventaciones incrementó progresivamente del 2004 al 2007 y decreció del 2007 al 2009, un repunte se dio del 2009 al 2010. El ejercicio del presupuesto también manifestó una tendencia de crecimiento progresivo en el periodo. Las observaciones que quedaron pendientes de solventar aumentaron progresivamente durante el periodo. Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos siguieron una tendencia decreciente durante el periodo. Lo que permite deducir que a mayor cantidad de sanciones menor número de observaciones pendientes de solventación.
El incremento de las observaciones durante el periodo se debe al débil marco legal existente en materia de fiscalización, a la falta de transparencia en el proceso, a los cambios de administración en el gobierno, a la falta de aplicación de sanciones fuertes a los funcionarios públicos que infringen las leyes y a que el ISAF no puede aplicar sanciones administrativas. La fiscalización que lleva a cabo el ISAF no logra evitar la corrupción en la administración pública del gobierno del Estado, entendida ésta como malversación de fondos públicos, sino que sólo la reduce.
La única entrevista conseguida fue la que otorgó el Contralor del Estado, el Lic. Carlos Tapia Astiazarán. El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría de Fiscalización (ISAF) no aceptó la entrevista. Por su parte, el diputado Otto Guillermo Claussen Iberri, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, nunca respondió a la solicitud de entrevista.
Las solicitudes de información enviadas a la Contraloría y al ISAF fueron respondidas, pero las respuestas de la Contraloría no fueron las esperadas. A ambos organismos se les solicitó la lista de quiénes fueron los funcionados públicos estatales sancionados a raíz de la fiscalización de las cuentas públicas y sobre el estado de las solventados pendientes de las cuentas públicas de los años 2004-2010.
Las cinco dependencias recibieron en el periodo un promedio de 68.8 observaciones, al que correspondió un promedio del solventación de 40.6 observaciones, por lo que el porcentaje promedio de solventación en el periodo estudiado fue del 59.18%. Esto quiere decir que por cada 10 observaciones que recibieron las cinco dependencias en el periodo fueron solventadas sólo 6. Por lo tanto, la calificación para los organismos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora es de 6. Esta calificación es respecto de la solventación de las observaciones vigentes hasta la fecha de publicación de los informes de resultados. El ISAF a la fecha del 6 de octubre del 2011 ha conseguido que se solvente el 40% (56 observaciones) del total de las observaciones (140 observaciones) que habían quedado pendientes durante el periodo para las cinco dependencias de gobierno. El número de observaciones que sigue sin solventarse es de 84, es decir, el 60% del total.
La rendición de cuentas en el gobierno del Estado de Sonora se encuentra en el estrato democratizante, caracterizado por la apertura paulatina y controlada de la información sobre el manejo de los recursos públicos, una aplicación restringida y limitada de las sanciones y la incipiente formación de una comunidad argumentativa.
CIENCIAS SOCIALES Finanzas públicas Auditoría Leyes y legislación
El reto de la falta de acceso al servicio de agua potable en Sonora.
ALEJANDRO NAVARRO NAVARRO (2020, [Tesis de maestría])
Se estudió la Falta de Acceso al Agua Potable Entubada (FAAPE) en viviendas del estado se Sonora, México. El objetivo general fue identificar los principales lugares con esta problemática, así como los factores asociados a ésta. Desde las perspectivas de la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas se operacionalizó el concepto de FAAPE. A través de métodos cuantitativos de estadística descriptiva e inferencial, la construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y técnicas de análisis espacial se trabajó con datos oficiales de INEGI (2010, 2015) a nivel AGEB y vivienda, rurales o urbanos; también se realizaron visitas de campo y entrevistas semiestructuradas en dos casos de estudio. Los resultados del análisis de autocorrelación espacial a nivel AGEB mostraron que: 1) en el año 2010, los municipios con una mayor concentración de viviendas con FAAPE eran Nogales (11,054) y Huatabampo (2,459), en el ámbito urbano y rural, respectivamente; estos dos municipios se tomaron como estudio de caso para realizar trabajo de campo; y 2) se identifican a nivel estatal para 2010, 364 AGEB como agrupamientos con valores altos (hotspots) de viviendas con FAAPE. El modelo estadístico revelo que: 1) variables relacionadas con la precariedad de la vivienda (la ausencia de escrituras, tinaco, drenaje, pisos y electricidad) están altamente asociadas al no acceso de agua potable; y 2) por otro lado, altos niveles de escolaridad inhiben la falta de acceso al agua, al igual que altos niveles de ingreso. De las visitas de campo de los casos de estudio se destaca que: 1) El principal factor que afecta el acceso al agua potable en la ciudad de Nogales es la presencia de asentamientos irregulares; 2) El área rural del municipio de Huatabampo donde las pequeñas localidades se abastecen por medio de autogestión y la mayor parte del municipio sufre de escases y mala calidad del agua. Se concluye que en los casos de estudio se garantiza parcialmente la seguridad hídrica lo que se puede generalizar para todo el estado.
CIENCIAS SOCIALES Agua potable Derecho de aguas Servicio público Abastecimiento de agua Nogales Huatabampo
The pedestrian trajectories derived from the barriers of the public space
Amanda Casillas Ana Victoria Casillas Zapata (2023, [Artículo, Artículo])
Walking behavior respond to various factors, both internal and external, the first one is linked to the pedestrian's motivation, and the second one is linked to the opportunity offered by the built environment. The public space in the cities represents the main articulator of pedestrian movements, allowing flexible or fixed types of trips to be carried out. Therefore, those urban spaces that are detached from the network conformed by the pedestrian infrastructure could limit accessibility and alter the paths of travel. This study addresses the cases of three neighborhood parks that in recent years have had their configuration transformed by closing their perimeters in a partial or total way; the main objective of this study is to identify the types of pedestrian trajectories that derive from these barriers, as for those who move from within the neighborhoods and those who move from outside. These trajectories were analyzed under a qualitative approach and a descriptive scope. This allow us to determine that the parks, according to their disposition, have the potential to attract or repel the pedestrian movement, whether they were used as a destination or a connection place for displacement. In this way, it was possible to determine that the pedestrian trajectories are conditioned by the reduced permeability of these spaces.
Pedestrian mobility Public space Parks Barriers movilidad peatonal espacio público parques barreras conectividad HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA
Carlos A. Heredia (2020, [Libro])
La región transfronteriza México-Guatemala tiene una importancia geopolítica y económica de la cual pocos mexicanos somos conscientes. Es impostergable fortalecer su estudio y análisis. Los desafíos allí existentes son manifestaciones de fenómenos que se extienden hacia el interior de cada país. Este libro consta de dos partes. La primera versa sobre la política internacional y en especial sobre el papel geopolítico de Washington en la región en estudio. En la segunda se realiza un análisis institucional de los factores que impactan la relación bilateral desde la perspectiva histórica, diplomática, comercial y cultural. Los desafíos que enfrentamos no son menores: una terrible crisis humanitaria de migrantes y solicitantes de asilo centroamericanos, quienes desde la narrativa predominante son criminalizados; el despliegue del crimen organizado, y una visión reduccionista de la seguridad que busca controlar a la gente, no tanto a las mercancías o las drogas. El funcionamiento de los mecanismos y acuerdos de cooperación bilaterales está marcado por la asimetría y la baja capacidad de las instituciones. La construcción de un futuro compartido entre Guatemala y México requiere plantear responsabilidades y respuestas conjuntas. Las personas autoras de los capítulos somos investigadores en seis centros públicos de investigación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Planteamos que una buena política exterior comienza dando la mayor prioridad a la relación con los vecinos. El reto de mayor envergadura es transitar hacia la promoción de oportunidades productivas, de inversión y comerciales, para un desarrollo sostenible e incluyente, con una mejor calidad de vida de los habitantes de la región. La construcción de la confianza recíproca deberá agregar la participación de actores empresariales, académicos, laborales, eclesiales y de organismos de la sociedad civil. Este libro representa nuestra contribución a estas tareas estratégicas y urgentes.
Relaciones internacionales Fronteras Geopolítica Política pública Política de migración Seguridad pública Crimen organizado México Guatemala Estados Unidos CIENCIAS SOCIALES SOCIOLOGÍA GRUPOS SOCIALES OTRAS OTRAS
MARIELA DIAZ SANDOVAL (2018, [Capítulo de libro])
En México el estudio sobre los gobiernos a nivel delegacional es una gran asignatura pendiente en las ciencias sociales. No obstante, desde diversas disciplinas existe un gran interés en entender las realidades locales. La llegada al poder, los conflictos entre diversas fuerzas políticas en la localidad, las relaciones que se tejen entre ciudadanos, intermediarios y gobernantes, la incidencia de las organizaciones de la sociedad civil, así como el ejercicio del gobierno, y otros aspectos pueden y deben ser analizados con miras a encontrar las diferencias y similitudes en este nivel de estudio.
Educación Derecho a la salud Derecho a la vivienda Sectores vulnerables CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ADMINISTRACIÓN CIVIL
ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA MARIELA DIAZ SANDOVAL (2020, [Capítulo de libro])
Entre las grandes asignaturas pendientes en el sistema penitenciario mexicano destaca la puesta en marcha de medidas significativas que coadyuven a la prevención de delitos, la disminución de los índices delictivos y la reinserción en la sociedad de quienes los hubieran
cometido. Ante las distintas problemáticas estructurales que aquejan al sistema carcelario en México, Felipe Calderón Hinojosa anunció en 2010, durante su mandato, la creación de diez penales bajo el esquema de ¿asociaciones público-privadas?, en el contexto de la ¿guerra contra el narcotráfico?. se argumentó que ante la sobrepoblación y la corrupción del sistema carcelario era necesario construir más complejos penitenciarios, a pesar de que con la reforma al sistema penal de 2008 se previó la disminución paulatina del número de internos.
No obstante, los datos siguen siendo preocupantes, pues, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, al finalizar el 2016 la población recluida en los centros penitenciarios era de 233 469 personas (CNS 2016). En este contexto, las prisiones construidas bajo el esquema de asociaciones público-privadas no se han traducido en una alternativa positiva dentro del sistema penitenciario.
El propósito principal de este texto es identificar las características y consecuencias de la inversión de capital privado en la construcción y el manejo de complejos penitenciarios en México. Sostenemos que la utilización del esquema de asociaciones público-privadas en México para la construcción y el manejo de prisiones ha supuesto, al igual que en otros sectores, una serie de problemas, como el dispendio y la opacidad en el uso de los recursos públicos y la ausencia de mejoras efectivas en materia de derechos humanos.
CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OTRAS
ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA MARIELA DIAZ SANDOVAL (2022, [Capítulo de libro])
El objetivo de este artículo es identificar las características del uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para la construcción y manejo de infraestructura pública bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Para ello se elabora un análisis de la utilización de este esquema en el macroproyecto Tren Maya, una de las obras insignes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El argumento central de este artículo es que, aun cuando las APP son un instrumento útil para impulsar el ambicioso plan de infraestructura del actual gobierno, éstas han sufrido cambios importantes al no privilegiar los tradicionales contratos de larga duración. Se concluye afirmando que el proyecto político enarbolado por el actual presidente del país explica, en parte, el viraje en la orientación de las APP.
CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA GESTIÓN ADMINISTRATIVA
HUGO AMADOR HERRERA TORRES RENE COLIN MARTINEZ (2014, [Artículo])
Con la operación de una batería de indicadores se calcularon índices para determinar el grado de consolidación de las capacidades de gestión de los gobiernos de los municipios semi-urbanos de Michoacán. El modelo de gestión operante en estos gobiernos es el burocrático. Los índices muestran que las capacidades de gestión —de estos gobiernos— se encuentran en una posición inaceptable (baja). Sus capacidades resultan insuficientes para desarrollar las funciones municipales básicas con la calidad mínima requerida. Lo inmediato para mejorarlas no está en el incremento de recursos externos o en la importación acrítica
de instrumentos de operación diseñados por agencias externas, sino en la consolidación de las capacidades ya existentes, así como en la generación de ambientes de certeza política en el espacio municipal. Se trata de afianzar
el modelo burocrático en combinación con la gobernanza responsiva. Esto no anula la incorporación de herramientas provenientes de la Nueva Gerencia Pública. En los gobiernos
de los municipios semi-urbanos, el reto está en introducir cambios coherentes con su modelo, que permitan de manera sincrónica operar mejor y consolidar prácticas democráticas.
CIENCIAS SOCIALES Gestión pública Gobierno Municipio Semiurbano Capacidades
The national drought policy in Mexico
Felipe Ignacio Arreguín Cortés Mario Lopez Perez David Ortega Gaucin (2016, [Artículo])
Traditionally, drought effects in Mexico have been attended through governmental reactive efforts directed to provide water and food, to assure health protection, and to restore economic impact once the phenomena occurred. The Mexican Government through National Water Commission (CONAGUA, for its acronym in Spanish), interested in changing the paradigm for preventive actions to cope with droughts in Mexico in the past, decided to launch in 2013 the National Program Against Drought (PRONACOSE, for its acronym in Spanish) and created the Intersecretarial Commission on Droughts and Floods (CIASI, for its acronym in Spanish) to take charge of coordinating, implementing and following-up of the PRONACOSE. This program has its main focus on reducing vulnerability through the implementation of planned preventive actions under a comprehensive and participative approach. As key part of the program, Programmes of Preventive and Mitigation Drought Measures (PMPMS, for its acronym in Spanish) for each one of the 26 river basin councils established in the country and for the principal cities of Mexico were developed. These programmes include the measures that can be implemented within the river basin councils and the cities to cope with drought in three ways: before the phenomenon occurs (strategic measures), when it is starting (tactical measures) or when it is already happening (emergency measures). Also, since 2014, the National Meteorological Service (SMN, for its acronym in Spanish) releases timely alerts and monitors the evolution of the drought including affected areas and level of severity of the phenomenon at a basin, state and municipality level. It is noteworthy that in all these activities the Mexican Institute of Water Technology (IMTA, for its acronym in Spanish) has played an important role, as this institute has provided the necessary technical support for the designing and implementation of the PRONACOSE. It is concluded that drought risk cannot be fully eliminated, nevertheless the actions that are implemented as part of this program are useful to mitigate its effects.
Sequías Políticas públicas México CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA
MARIO RENE ALCORTA GARCIA (2022, [Artículo])
Introducción: Objetivos: Revisar el panorama clínico y epidemiológico de los casos de gastrosquisis registrados durante los últimos 10 años. Material y métodos: Se realizó un estudio retrospectivo, observacional y descriptivo, en donde la población estudiada incluyó a los pacientes ingresados con diagnóstico de gastrosquisis en el periodo 2012-2021 a la Unidad de Cuidados Intensivos Neonatales del Hospital Regional Materno Infantil. Se obtuvieron los datos demográficos de género, estado civil, IMC, estado socioeconómico, escolaridad y ocupación de ambos padres; y edad, género. Según el domicilio de las madres se dividieron a los pacientes por clusters. Resultados: Se revisaron un total de 106 expediente. El 64% (68) correspondieron al sexo masculino y 36% (38) al femenino , con una mediana de edad gestacional de 36 SDG (RQ 2.1), la mediana de edad materna fue de 18.5 (RQ 4). El 65% de los pacientes tenían diagnóstico prenatal al momento del nacimiento. El 82% (87) de los casos fueron gastrosquisis no complicadas. El cierre primario se realizó en el 50% (53) de los casos. Se reportó una mortalidad del 14% (15).
Conclusiones: Este estudio presenta datos similares en relación al perfil epidemiológico y clínico de los casos, a excepción de la mortalidad. Se requiere otro diseño de estudio para explorar los factores de riesgo asociados a esto.
Especialista en neonatología
MEDICINA Y CIENCIAS DE LA SALUD CIENCIAS MÉDICAS SALUD PÚBLICA OTRAS