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La política pública contra la sequía en México: avances, necesidades y perspectivas

Felipe Arreguin Mario Lopez Perez DAVID ORTEGA GAUCIN OSCAR FIDENCIO IBAÑEZ HERNANDEZ (2016)

Se presentan las acciones que se generaron a partir de la sequía del periodo 2010-2012 en México, la cual fue el detonador para un cambio en la manera de atender este fenómeno, al pasar de la reacción frente a las emergencias hacia un modelo preventivo orientado a la gestión del riesgo. En ese contexto se formuló una política pública nacional al respecto, donde el Programa Nacional contra la Sequía se constituyó en el eje rector. Los fundamentos de este programa —prevención y mitigación— constituyen las bases sobre las cuales se busca mejorar la gestión versus las sequías y fortalecer las capacidades locales para afrontar sus impactos con estrategias adecuadas. Se discuten algunas líneas de acción emprendidas en esta política pública, y se señalan varios elementos que aún no se han implementado o es incipiente su realización.

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Sequías Políticas públicas México INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

The national drought policy in Mexico

Felipe Ignacio Arreguín Cortés Mario Lopez Perez David Ortega Gaucin (2016)

Traditionally, drought effects in Mexico have been attended through governmental reactive efforts directed to provide water and food, to assure health protection, and to restore economic impact once the phenomena occurred. The Mexican Government through National Water Commission (CONAGUA, for its acronym in Spanish), interested in changing the paradigm for preventive actions to cope with droughts in Mexico in the past, decided to launch in 2013 the National Program Against Drought (PRONACOSE, for its acronym in Spanish) and created the Intersecretarial Commission on Droughts and Floods (CIASI, for its acronym in Spanish) to take charge of coordinating, implementing and following-up of the PRONACOSE. This program has its main focus on reducing vulnerability through the implementation of planned preventive actions under a comprehensive and participative approach. As key part of the program, Programmes of Preventive and Mitigation Drought Measures (PMPMS, for its acronym in Spanish) for each one of the 26 river basin councils established in the country and for the principal cities of Mexico were developed. These programmes include the measures that can be implemented within the river basin councils and the cities to cope with drought in three ways: before the phenomenon occurs (strategic measures), when it is starting (tactical measures) or when it is already happening (emergency measures). Also, since 2014, the National Meteorological Service (SMN, for its acronym in Spanish) releases timely alerts and monitors the evolution of the drought including affected areas and level of severity of the phenomenon at a basin, state and municipality level. It is noteworthy that in all these activities the Mexican Institute of Water Technology (IMTA, for its acronym in Spanish) has played an important role, as this institute has provided the necessary technical support for the designing and implementation of the PRONACOSE. It is concluded that drought risk cannot be fully eliminated, nevertheless the actions that are implemented as part of this program are useful to mitigate its effects.

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Sequías Políticas públicas México CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA

Treinta años de cooperación al desarrollo en España: análisis de la continuidad y cambio en las políticas públicas

LUZ MA. MUÑOZ MARQUEZ (2013)

A partir del análisis de la red de actores (policy network) y de la teoría del equilibrio interrumpido desarrollado por Baumgartner y Jones (1993), en este trabajo se analiza el caso de la política de cooperación al desarrollo de España desde la transición democrática hasta el presente. El objetivo es analizar la continuidad y cambio de esta política desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas. Se demuestra que, al igual que en otros casos, la estabilidad más que el cambio caracteriza su evolución. Al mismo tiempo, se señala que las características propias del subsistema político de la cooperación al desarrollo afectan la

magnitud y la frecuencia de los cambios en la política.

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CIENCIAS SOCIALES Políticas públicas cooperación al desarrollo Agenda y políticas públicas dinámica de la política

El arte de contar cuentos y rendir cuentas: la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora (2004-2010).

OSCAR NICASIO LAGUNES LOPEZ (2011)

La presente investigación tiene por objetivo general analizar la función fiscalizadora del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en el periodo 2004-10, concretamente en cuanto a la aplicación e uso indebido de los recursos públicos de los sujetos obligados a nivel estatal. La pregunta general que dirige toda la investigación es si la fiscalización que lleva a cabo el ISAF ha contribuido a combatir la corrupción, entendida como la malversación o uso indebido de los recursos públicos. La respuesta obtenida al final de la indagación documental es que el ISAF no ha evitado la corrupción en el uso de los recursos públicos, sino que únicamente la ha reducido. Tampoco ha podido desalentar las prácticas deshonestas en los servidores públicos, a causa de su limitada capacidad legal para aplicar sanciones.

Durante los años ochenta comenzaron a desarrollarse algunos conceptos teóricos como los de Sociedad Civil, New Public Magnament, Governance y Capital Social que asentaban las bases ideales en las que deberían fundarse las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los lineamientos teóricos de estos conceptos fracasaron y en los noventas apareció el concepto de Accountability, “rendición de cuentas”, ante un clima de corrupción e incertidumbre en el manejo de los recursos públicos. Este término alude a la obligación que tienen los gobiernos de informar y dar cuenta de sus acciones a la sociedad. El rendir cuentas se tornó así en una obligación de los gobiernos y en un derecho de los ciudadanos. La rendición de cuentas busca disminuir la corrupción en el ejercicio de la función pública, por medio de la fiscalización que realizan las entidades encargadas de ejercerla en cada Estado. Para lograr este objetivo, estas entidades se atienen a los principios o criterios económicos de eficiencia, eficacia, equidad y honestidad en el manejo de los recursos públicos.

En el Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización es el encargado de fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los Municipios y todas las dependencias del gobierno. La cuenta pública es un reporte anual que debe entregar el gobierno estatal y municipal para que den cuenta de los estados financieros, origen y destinos de sus gastos, decisiones, contratos y estado del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y subprogramas de gobierno. Las cuentas públicas deben de interpretarse según la lógica de la buena práctica o lógica de la eficiencia en las acciones y la lógica de lo correcto o lógica del apego a la legalidad. Es importante también la aplicación de medidas y sanciones para desalentar la corrupción al interior del gobierno.

El marco legal existente en el Estado de Sonora sobre la fiscalización de las cuentas públicas estatales está integrado por siete leyes. Sin embargo, éste no es preciso en cuanto al modo en el que debe darse el proceso de fiscalización, pues son vagos los plazos que establece para que sean realizadas ciertas acciones entorno a dicho proceso. Las sanciones previstas en estas leyes contemplan la aplicación de multas económicas, amonestaciones, apercibimientos para los casos de incumplimiento de deberes en la función pública. Las sanciones más fuertes que se deben aplicar para casos graves de delitos cometidos por los funcionarios públicos son la suspensión, la destitución del puesto y la inhabilitación, pero la legislación no explica en qué consisten, no las define. Las leyes sobre la fiscalización de las cuentas públicas tampoco definen conceptos como el de fiscalización y Auditoría. Estas sanciones son insuficientes, ya que no prevén la posibilidad de que un servidor público se quede con bienes del Estado tan vastos como para vivir holgadamente toda la vida y disfrutar de su libertad.

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (2008) es la más reciente de las leyes en lo que a fiscalización de cuentas públicas se refiere. Es importante porque faculta al ISAF para promover el fincamiento de responsabilidades y fincar indemnizaciones resarcitorias a aquellos funcionarios que hayan dañado el patrimonio público. No obstante, el Instituto no puede aplicar sanciones administrativas, atribución exclusiva de la Contraloría del Estado. La legislación vigente limita al ISAF su campo de acción para que pueda aplicar sanciones distintas a las económicas.

La aplicación de sanciones se realiza con discrecionalidad y haciendo excepción de personas, según se trate de funcionarios miembros del partido mayoritario del congreso o del gobernador del Estado. La inexistencia de casos en la historia del Estado de Sonora de gobernadores que hayan sido castigados con cárcel y con sanciones económicas hace pensar: a) o que el gobernador es un dechado de virtudes, o b) que simplemente no se le ha aplicado la ley. La desproporcionalidad entre delito y sanción, la falta de claridad en la aplicación de sanciones, la imprecisión de las leyes y la ambigüedad de los procedimientos para aplicarlas generan leyes débiles que abren ventanas a la corrupción en la administración pública gubernamental.

El marco institucional y al proceso de revisión de las cuentas públicas es fundamental para comprender el proceso de fiscalización de las cuentas públicas en el Estado. La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) evolucionó hacia el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el 12 de julio del 2005; la elección del Auditor Mayor que preside al ISAF tiene lugar cada siete años y la estructura orgánica de este órgano técnico del Congreso del Estado consta de un total de 105 funcionarios.

Los gobiernos divididos permiten mayor pluralidad política y que un partido sea el contrapeso de otro; además, asegura que ningún poder esté por encima de los demás poderes. El primer gobierno dividido en México llegó en 1997 y en Sonora tuvo lugar en la LV Legislatura (1997-2000). Las principales leyes de fiscalización en México y en Sonora han sido aprobadas bajo este tipo de gobiernos. La fiscalización de las cuentas públicas 2004-2010 fue realizada en el contexto de gobiernos divididos, particularmente en las administraciones de Eduardo Robinson Bours Castelo (2003-2009), Guillermo Padrés Elías (2009-2015) y durante las Legislaturas LVII, LVIII y LIX del Congreso del Estado.

La Comisión de Vigilancia es la intermediaria entre el Congreso y el ISAF para el proceso de fiscalización de las cuentas públicas estatales. Éstas son elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Estado y enviadas al Congreso por el Ejecutivo del Estado. El ISAF es el responsable de revisar las cuentas públicas del año inmediato anterior, una vez que se las turna el Congreso. Posteriormente, el ISAF envía el Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas Estatales al Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, para su aprobación. La Contraloría del Estado da seguimiento a las observaciones que se deriven de dicha revisión para su solventación.

Las observaciones de los informes de resultados de la revisión de las cuentas públicas del Estado de Sonora se tipifican en seis clases: Incumplimiento de Metas (IM), Irregularidades en la Asignación de Contratos (IAC), Irregularidades en la Obra Pública (IOP), Gastos No Comprobados (GNC), Gastos No Autorizados (GNA) e Incumplimiento de Deberes Institucionales (IDI).

Las cinco dependencias de gobierno en orden de la que más a la que menos observaciones recibió en el periodo 2004-2010 fueron la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y el Ejecutivo del Estado. Las que más solventaron sus observaciones fueron la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Gobierno; las que menos solventaron fueron la SEC y la SIDUR. El Ejecutivo del Estado no generó observaciones qué solventar. En orden al presupuesto ejercido, las que más ejercieron presupuesto fueron la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la Secretaría de Gobierno; las que menos ejercieron, el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Contraloría General.

Las categorías de observaciones más frecuencias en estas cinco dependencias de gobierno son las de IOP, GNA y GNC que también son las que tienen monto financiero. La SEC y la SIDUR acapararon el mayor número de estas observaciones. Sólo 43 de un total de 140 observaciones pendientes fueron de monto financiero. Esto es, el 30.71% de las observaciones pendientes presentaron monto financiero. La SIDUR con el 60.47% y la SEC con el 37.21% del total de las observaciones con monto financiero fueron las dependencias que mostraron el mayor número de estas observaciones. Este par de dependencias son las que tienen más ventanas de oportunidad para la malversación de fondos públicos.

El número de observaciones incrementó progresivamente en cada año del periodo. En cambio, el número de solventaciones incrementó progresivamente del 2004 al 2007 y decreció del 2007 al 2009, un repunte se dio del 2009 al 2010. El ejercicio del presupuesto también manifestó una tendencia de crecimiento progresivo en el periodo. Las observaciones que quedaron pendientes de solventar aumentaron progresivamente durante el periodo. Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos siguieron una tendencia decreciente durante el periodo. Lo que permite deducir que a mayor cantidad de sanciones menor número de observaciones pendientes de solventación.

El incremento de las observaciones durante el periodo se debe al débil marco legal existente en materia de fiscalización, a la falta de transparencia en el proceso, a los cambios de administración en el gobierno, a la falta de aplicación de sanciones fuertes a los funcionarios públicos que infringen las leyes y a que el ISAF no puede aplicar sanciones administrativas. La fiscalización que lleva a cabo el ISAF no logra evitar la corrupción en la administración pública del gobierno del Estado, entendida ésta como malversación de fondos públicos, sino que sólo la reduce.

La única entrevista conseguida fue la que otorgó el Contralor del Estado, el Lic. Carlos Tapia Astiazarán. El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría de Fiscalización (ISAF) no aceptó la entrevista. Por su parte, el diputado Otto Guillermo Claussen Iberri, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, nunca respondió a la solicitud de entrevista.

Las solicitudes de información enviadas a la Contraloría y al ISAF fueron respondidas, pero las respuestas de la Contraloría no fueron las esperadas. A ambos organismos se les solicitó la lista de quiénes fueron los funcionados públicos estatales sancionados a raíz de la fiscalización de las cuentas públicas y sobre el estado de las solventados pendientes de las cuentas públicas de los años 2004-2010.

Las cinco dependencias recibieron en el periodo un promedio de 68.8 observaciones, al que correspondió un promedio del solventación de 40.6 observaciones, por lo que el porcentaje promedio de solventación en el periodo estudiado fue del 59.18%. Esto quiere decir que por cada 10 observaciones que recibieron las cinco dependencias en el periodo fueron solventadas sólo 6. Por lo tanto, la calificación para los organismos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora es de 6. Esta calificación es respecto de la solventación de las observaciones vigentes hasta la fecha de publicación de los informes de resultados. El ISAF a la fecha del 6 de octubre del 2011 ha conseguido que se solvente el 40% (56 observaciones) del total de las observaciones (140 observaciones) que habían quedado pendientes durante el periodo para las cinco dependencias de gobierno. El número de observaciones que sigue sin solventarse es de 84, es decir, el 60% del total.

La rendición de cuentas en el gobierno del Estado de Sonora se encuentra en el estrato democratizante, caracterizado por la apertura paulatina y controlada de la información sobre el manejo de los recursos públicos, una aplicación restringida y limitada de las sanciones y la incipiente formación de una comunidad argumentativa.

Master thesis

CIENCIAS SOCIALES Finanzas públicas Auditoría Leyes y legislación

Telemedicina y Brigada Mater en San Luis Potosí, un Sistema de Atención Referenciada para el Control del Riesgo Materno

Miriam de los Angeles De la Rosa Velázquez (2020)

"Esta tesis apunta a explorar las estrategias enfocadas a la política pública de atención a la salud materna desde un enfoque sistémico. Continúa con una serie de apartados que se enfocan en describir las acciones en los diferentes niveles de atención para comprender las partes que conforman el proceso y los actores que participan, y para explicarlo se presenta el resultado de una intervención organizacional que se realizó durante el trabajo de campo en un hospital especialista en salud materna, así como un análisis de la atención materna a partir del marco lógico."

Master thesis

Higiene pública -- Servicios -- San Luis Potosí, México Hospitales -- Salud -- Políticas públicas -- México Mujeres en México -- San Luis Potosí -- Salud e higiene Telemedicina -- Maternidad -- Aspectos sociales CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA CIENCIA POLÍTICA

Capacidades de Gestión Pública. Análisis de los gobiernos de los municipios semi-urbanos del estado de Michoacán

HUGO AMADOR HERRERA TORRES RENE COLIN MARTINEZ (2014)

Con la operación de una batería de indicadores se calcularon índices para determinar el grado de consolidación de las capacidades de gestión de los gobiernos de los municipios semi-urbanos de Michoacán. El modelo de gestión operante en estos gobiernos es el burocrático. Los índices muestran que las capacidades de gestión —de estos gobiernos— se encuentran en una posición inaceptable (baja). Sus capacidades resultan insuficientes para desarrollar las funciones municipales básicas con la calidad mínima requerida. Lo inmediato para mejorarlas no está en el incremento de recursos externos o en la importación acrítica

de instrumentos de operación diseñados por agencias externas, sino en la consolidación de las capacidades ya existentes, así como en la generación de ambientes de certeza política en el espacio municipal. Se trata de afianzar

el modelo burocrático en combinación con la gobernanza responsiva. Esto no anula la incorporación de herramientas provenientes de la Nueva Gerencia Pública. En los gobiernos

de los municipios semi-urbanos, el reto está en introducir cambios coherentes con su modelo, que permitan de manera sincrónica operar mejor y consolidar prácticas democráticas.

Article

CIENCIAS SOCIALES Gestión pública Gobierno Municipio Semiurbano Capacidades

Políticas públicas sobre violencia feminicida y feminicidio en México. Una mirada desde las Unidades de Análisis y Contexto

MARISOL ALCOCER PERULERO (2022)

El feminicidio es el asesinato de una mujer ¿ o niña ¿ por el hecho de ser mujer, es decir por razones de género. El término expresa la violencia extrema que se manifiesta en este acto, muchas veces perpetrado con particular crueldad, precedido de maltratos, secuestro, tortura sexual y seguido de la exposición del cadáver en el espacio público. Este texto tiene como objetivo reflexionar respecto al funcionamiento de las Unidades de Análisis y Contexto para la investigación de feminicidios, ¿ creadas en el marco de las Declaratorias de Alerta de Violencia de Género en México (art. 22, LGAMVLV) ¿, para observar las características jurídico-normativas, técnicas y de recursos que tienen y deberían tener de acuerdo con las recomendaciones internacionales. Sostenemos que las unidades de inteligencia y de análisis de contextos son una herramienta para la investigación criminal, que pueden funcionar para comprender el feminicidio y las violencias interseccionales en el país. A través de un análisis descriptivo y documental, privilegiamos los informes oficiales de las Unidades de Análisis y Contexto sobre violencia contra las mujeres, analizamos los principales obstáculos para la implementación de dichas unidades, y desde la perspectiva de género y pertinencia cultural, la forma y estrategias en cómo se capta la información para distinguir entre homicidio y feminicidio, y mujeres indígenas y/o afromexicanas, en un contexto de violencias estructurales y del crimen organizado.

Femicide is the murder of a woman ¿ or girl ¿ due to the fact of being a woman, that is, for reasons of gender. The term expresses the extreme violence that is manifested in this act, often perpetrated with particular cruelty, preceded by mistreatment, kidnapping, sexual torture and followed by the exposition of the corpse in public space. Objective: This text aims to reflect on the functioning of the Analysis and Context Units that have been created in Mexico,to observe the legal-regulatory, technical and resource characteristics that they have and should have in accordance with international recommendations. We sustain that the intelligence and context analysis units are a tool for criminal investigation, which can work to understand intersectional violence in Mexico. Through a descriptive and documentary analysis, we privilege the official reports of the Analysis and Context Units on violence against women, we analyze, based on the main obstacles to the implementation of said units, from the perspective of gender and relevance culture, as well as the way and strategies in how information is collected to distinguish between homicide and femicide, and to identify indigenous and/or Afro-Mexican women, and in a context of other structural violence and organized crime.

Article

Violencia feminicida. Políticas públicas. Interseccionalidad. Análisis de contexto. CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA OTRAS ESPECIALIDADES POLÍTICAS

Guía de implementación e intercambio de prácticas inclusivas en educación superior

RENATO HERNANDEZ LOUSTALOT LACLETTE Karla Mariana Escobar Magallanes (2023)

"es una propuesta para acompañar a universidades e instituciones de educación superior (ies) en el camino para desarrollar capacidades para la inclusión educativa enfocadas para las personas en situación de discapacidad con el apoyo de la cooperación internacional para el desarrollo."

Book

México; Educación superior; Personas con discapacidad; Discapacidad; Cooperación internacional; Accesibilidad; Educación inclusiva; Programas y proyectos; Universidades públicas; Derechos humanos CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA CIENCIA POLÍTICA