El arte de contar cuentos y rendir cuentas: la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora (2004-2010).

OSCAR NICASIO LAGUNES LOPEZ (2011, [Tesis de maestría])

La presente investigación tiene por objetivo general analizar la función fiscalizadora del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en el periodo 2004-10, concretamente en cuanto a la aplicación e uso indebido de los recursos públicos de los sujetos obligados a nivel estatal. La pregunta general que dirige toda la investigación es si la fiscalización que lleva a cabo el ISAF ha contribuido a combatir la corrupción, entendida como la malversación o uso indebido de los recursos públicos. La respuesta obtenida al final de la indagación documental es que el ISAF no ha evitado la corrupción en el uso de los recursos públicos, sino que únicamente la ha reducido. Tampoco ha podido desalentar las prácticas deshonestas en los servidores públicos, a causa de su limitada capacidad legal para aplicar sanciones.

Durante los años ochenta comenzaron a desarrollarse algunos conceptos teóricos como los de Sociedad Civil, New Public Magnament, Governance y Capital Social que asentaban las bases ideales en las que deberían fundarse las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los lineamientos teóricos de estos conceptos fracasaron y en los noventas apareció el concepto de Accountability, “rendición de cuentas”, ante un clima de corrupción e incertidumbre en el manejo de los recursos públicos. Este término alude a la obligación que tienen los gobiernos de informar y dar cuenta de sus acciones a la sociedad. El rendir cuentas se tornó así en una obligación de los gobiernos y en un derecho de los ciudadanos. La rendición de cuentas busca disminuir la corrupción en el ejercicio de la función pública, por medio de la fiscalización que realizan las entidades encargadas de ejercerla en cada Estado. Para lograr este objetivo, estas entidades se atienen a los principios o criterios económicos de eficiencia, eficacia, equidad y honestidad en el manejo de los recursos públicos.

En el Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización es el encargado de fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los Municipios y todas las dependencias del gobierno. La cuenta pública es un reporte anual que debe entregar el gobierno estatal y municipal para que den cuenta de los estados financieros, origen y destinos de sus gastos, decisiones, contratos y estado del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y subprogramas de gobierno. Las cuentas públicas deben de interpretarse según la lógica de la buena práctica o lógica de la eficiencia en las acciones y la lógica de lo correcto o lógica del apego a la legalidad. Es importante también la aplicación de medidas y sanciones para desalentar la corrupción al interior del gobierno.

El marco legal existente en el Estado de Sonora sobre la fiscalización de las cuentas públicas estatales está integrado por siete leyes. Sin embargo, éste no es preciso en cuanto al modo en el que debe darse el proceso de fiscalización, pues son vagos los plazos que establece para que sean realizadas ciertas acciones entorno a dicho proceso. Las sanciones previstas en estas leyes contemplan la aplicación de multas económicas, amonestaciones, apercibimientos para los casos de incumplimiento de deberes en la función pública. Las sanciones más fuertes que se deben aplicar para casos graves de delitos cometidos por los funcionarios públicos son la suspensión, la destitución del puesto y la inhabilitación, pero la legislación no explica en qué consisten, no las define. Las leyes sobre la fiscalización de las cuentas públicas tampoco definen conceptos como el de fiscalización y Auditoría. Estas sanciones son insuficientes, ya que no prevén la posibilidad de que un servidor público se quede con bienes del Estado tan vastos como para vivir holgadamente toda la vida y disfrutar de su libertad.

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (2008) es la más reciente de las leyes en lo que a fiscalización de cuentas públicas se refiere. Es importante porque faculta al ISAF para promover el fincamiento de responsabilidades y fincar indemnizaciones resarcitorias a aquellos funcionarios que hayan dañado el patrimonio público. No obstante, el Instituto no puede aplicar sanciones administrativas, atribución exclusiva de la Contraloría del Estado. La legislación vigente limita al ISAF su campo de acción para que pueda aplicar sanciones distintas a las económicas.

La aplicación de sanciones se realiza con discrecionalidad y haciendo excepción de personas, según se trate de funcionarios miembros del partido mayoritario del congreso o del gobernador del Estado. La inexistencia de casos en la historia del Estado de Sonora de gobernadores que hayan sido castigados con cárcel y con sanciones económicas hace pensar: a) o que el gobernador es un dechado de virtudes, o b) que simplemente no se le ha aplicado la ley. La desproporcionalidad entre delito y sanción, la falta de claridad en la aplicación de sanciones, la imprecisión de las leyes y la ambigüedad de los procedimientos para aplicarlas generan leyes débiles que abren ventanas a la corrupción en la administración pública gubernamental.

El marco institucional y al proceso de revisión de las cuentas públicas es fundamental para comprender el proceso de fiscalización de las cuentas públicas en el Estado. La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) evolucionó hacia el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el 12 de julio del 2005; la elección del Auditor Mayor que preside al ISAF tiene lugar cada siete años y la estructura orgánica de este órgano técnico del Congreso del Estado consta de un total de 105 funcionarios.

Los gobiernos divididos permiten mayor pluralidad política y que un partido sea el contrapeso de otro; además, asegura que ningún poder esté por encima de los demás poderes. El primer gobierno dividido en México llegó en 1997 y en Sonora tuvo lugar en la LV Legislatura (1997-2000). Las principales leyes de fiscalización en México y en Sonora han sido aprobadas bajo este tipo de gobiernos. La fiscalización de las cuentas públicas 2004-2010 fue realizada en el contexto de gobiernos divididos, particularmente en las administraciones de Eduardo Robinson Bours Castelo (2003-2009), Guillermo Padrés Elías (2009-2015) y durante las Legislaturas LVII, LVIII y LIX del Congreso del Estado.

La Comisión de Vigilancia es la intermediaria entre el Congreso y el ISAF para el proceso de fiscalización de las cuentas públicas estatales. Éstas son elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Estado y enviadas al Congreso por el Ejecutivo del Estado. El ISAF es el responsable de revisar las cuentas públicas del año inmediato anterior, una vez que se las turna el Congreso. Posteriormente, el ISAF envía el Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas Estatales al Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, para su aprobación. La Contraloría del Estado da seguimiento a las observaciones que se deriven de dicha revisión para su solventación.

Las observaciones de los informes de resultados de la revisión de las cuentas públicas del Estado de Sonora se tipifican en seis clases: Incumplimiento de Metas (IM), Irregularidades en la Asignación de Contratos (IAC), Irregularidades en la Obra Pública (IOP), Gastos No Comprobados (GNC), Gastos No Autorizados (GNA) e Incumplimiento de Deberes Institucionales (IDI).

Las cinco dependencias de gobierno en orden de la que más a la que menos observaciones recibió en el periodo 2004-2010 fueron la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y el Ejecutivo del Estado. Las que más solventaron sus observaciones fueron la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Gobierno; las que menos solventaron fueron la SEC y la SIDUR. El Ejecutivo del Estado no generó observaciones qué solventar. En orden al presupuesto ejercido, las que más ejercieron presupuesto fueron la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la Secretaría de Gobierno; las que menos ejercieron, el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Contraloría General.

Las categorías de observaciones más frecuencias en estas cinco dependencias de gobierno son las de IOP, GNA y GNC que también son las que tienen monto financiero. La SEC y la SIDUR acapararon el mayor número de estas observaciones. Sólo 43 de un total de 140 observaciones pendientes fueron de monto financiero. Esto es, el 30.71% de las observaciones pendientes presentaron monto financiero. La SIDUR con el 60.47% y la SEC con el 37.21% del total de las observaciones con monto financiero fueron las dependencias que mostraron el mayor número de estas observaciones. Este par de dependencias son las que tienen más ventanas de oportunidad para la malversación de fondos públicos.

El número de observaciones incrementó progresivamente en cada año del periodo. En cambio, el número de solventaciones incrementó progresivamente del 2004 al 2007 y decreció del 2007 al 2009, un repunte se dio del 2009 al 2010. El ejercicio del presupuesto también manifestó una tendencia de crecimiento progresivo en el periodo. Las observaciones que quedaron pendientes de solventar aumentaron progresivamente durante el periodo. Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos siguieron una tendencia decreciente durante el periodo. Lo que permite deducir que a mayor cantidad de sanciones menor número de observaciones pendientes de solventación.

El incremento de las observaciones durante el periodo se debe al débil marco legal existente en materia de fiscalización, a la falta de transparencia en el proceso, a los cambios de administración en el gobierno, a la falta de aplicación de sanciones fuertes a los funcionarios públicos que infringen las leyes y a que el ISAF no puede aplicar sanciones administrativas. La fiscalización que lleva a cabo el ISAF no logra evitar la corrupción en la administración pública del gobierno del Estado, entendida ésta como malversación de fondos públicos, sino que sólo la reduce.

La única entrevista conseguida fue la que otorgó el Contralor del Estado, el Lic. Carlos Tapia Astiazarán. El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría de Fiscalización (ISAF) no aceptó la entrevista. Por su parte, el diputado Otto Guillermo Claussen Iberri, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, nunca respondió a la solicitud de entrevista.

Las solicitudes de información enviadas a la Contraloría y al ISAF fueron respondidas, pero las respuestas de la Contraloría no fueron las esperadas. A ambos organismos se les solicitó la lista de quiénes fueron los funcionados públicos estatales sancionados a raíz de la fiscalización de las cuentas públicas y sobre el estado de las solventados pendientes de las cuentas públicas de los años 2004-2010.

Las cinco dependencias recibieron en el periodo un promedio de 68.8 observaciones, al que correspondió un promedio del solventación de 40.6 observaciones, por lo que el porcentaje promedio de solventación en el periodo estudiado fue del 59.18%. Esto quiere decir que por cada 10 observaciones que recibieron las cinco dependencias en el periodo fueron solventadas sólo 6. Por lo tanto, la calificación para los organismos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora es de 6. Esta calificación es respecto de la solventación de las observaciones vigentes hasta la fecha de publicación de los informes de resultados. El ISAF a la fecha del 6 de octubre del 2011 ha conseguido que se solvente el 40% (56 observaciones) del total de las observaciones (140 observaciones) que habían quedado pendientes durante el periodo para las cinco dependencias de gobierno. El número de observaciones que sigue sin solventarse es de 84, es decir, el 60% del total.

La rendición de cuentas en el gobierno del Estado de Sonora se encuentra en el estrato democratizante, caracterizado por la apertura paulatina y controlada de la información sobre el manejo de los recursos públicos, una aplicación restringida y limitada de las sanciones y la incipiente formación de una comunidad argumentativa.

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LA GEOGRAFÍA DEL TRANSPORTE DE PASAJEROS EN EL VALLE DE MÉXICO DEL SIGLO XIX (1824-1910)

Brian Alexis Ley Pérez (2023, [Tesis de maestría])

“Como parte de la formación del virreinato de la Nueva España (s. XVI-XVIII) y posteriormente del estado-nación mexicano (s. XIX) fue indispensable tender una red de comunicaciones para conectar todo su territorio. Aunque esto no fue posible en su totalidad, si generó una srie de caminos estatales y nacionales. Las atenciones, uso y percepción de estas vialidades estaban marcadas por las características de su tiempo teniendo elementos gremiales durante la mayor parte de la etapa colonial. En los últimos años del siglo XVIII y la primera mitad del XIX, hubo un viraje hacia un perfil más institucionalizado, como parte del carácter secularizador y libertad con el que se dio entrada al ahora estado-nación mexicano. El uso cotidiano de estos corredores conformó toda una dinámica transportista, misma que podía conectar distintas localidades, regiones o el país entero. Los viajes solían realizarse en lomo de mula para el traslado de mercancías y sobre carruajes en el caso de las personas. Los desplazamientos eran ejecutados a partir de rutas con una serie de paradas protagonistas y otras complementarias que funcionaban como puntos de abasto y descanso para los viajeros a lo largo de su travesía. Todo ello formó una geografía del transporte, dónde los caminos fungieron como redes y las paradas a modo de nodos. De entre estos nodos, la ciudad de México era el principal de ellos, al ser el articulador general de todas las rutas de transporte nacional. No obstante igualmente poseía gran influencia en su región, a partir de una serie de viabilidades que permitían la conexión con los poblados aledaños en el valle. Si bien esta conectividad ya había generado una geografía del transporte a nivel regional desde siglos antes, esta se vio fortalecida con la aparición de una serie de servicios transportistas durante el siglo XIX”.

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El estado actual de la representación político electoral de los pueblos indígenas de San Luis Potosí (2014-2021)

Laura Montoya Moctezuma (2023, [Tesis de maestría])

"La pregunta que guía el trabajo es: ¿Cuál es la representación política electoral de los pueblos indígenas en los procesos electorales de San Luis Potosí correspondientes a las elecciones locales del 2014-2021 y cómo intervienen las instituciones de participación y representación política en el Estado, sobre todo, al investigar, promover, estimular, respetar y en su caso, resarcir los derechos electorales que han sido violentados en este sector de la población? Nos interesa conocer el grado de representación político electoral de las poblaciones y comunidades indígenas en los procesos electorales de San Luis Potosí, correspondientes a las elecciones locales del 2014-2021. En ese sentido, pretendemos medir el comportamiento electoral de los grupos étnicos del estado y el objetivo central es el de conocer, comprender y describir, la participación y representación política de los pueblos originarios del estado potosino, así como el grado de apertura institucional de los organismos electorales e institutos que intervienen en ambos fenómenos, y lograr tener una visión enriquecedora sobre la democracia actual y desarrollo institucional en nuestro Estado."

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Tramas y representaciones de la vida maridable en la ciudad de México, 1682-1692

Javier Salgado Ocampo (2020, [Tesis de maestría])

"La tesis fue escrita y pensada como un cuadro que tiene como tema la separación o incumplimiento de la vida maridable, en sus ejes verticales encontraremos la normativa y la institución religiosa, en los ejes horizontales los motivos por los que las personas vivían separadas, pues las experiencias personales fueron parte importante del análisis."

Matrimonio -- México -- Historia -- 1682-1692 Matrimonio -- Leyes y legislación -- Condiciones sociales Divorcio (Derecho canónico) -- México -- Nueva España CIENCIAS SOCIALES HISTORIA HISTORIA

Desigualdad social en la distribución, acceso y uso del agua potable en la comunidad de San Juan de Guadalupe

JESUS FRANCISCO GUTIERREZ RADILLO (2020, [Tesis de maestría])

"La presente investigación tiene como objetivo analizar las desigualdades sociales en las zonas periurbanas de la ciudad de San Luis Potosí, con énfasis al desabasto de agua potable y los conflictos por la tierra. Se pone como caso de estudio la comunidad de San Juan de Guadalupe (CSJG) para explicar cómo accede la población a este líquido y, cómo es la

distribución. A fin de entender qué es lo que ha dado origen a desigualdades sociales en el servicio de agua potable, asociadas a la tenencia de la tierra y la consecuente organización vecinal."

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¡MIENTRAS LAS MUJERES SE HACEN FEMINISTAS NUESTROS JÓVENES SE ESTÁN VOLVIENDO AFEMINADOS!: PRÁCTICAS Y REPRESENTACIONES DE GÉNERO EN EL EJÉRCITO NACIONAL (1917-1942)

Daniel Arias Osorio (2023, [Tesis de doctorado])

“Esta tesis se pregunta de manera amplia por las prácticas y representaciones de género en las fuerzas armadas desde 1917, año que se funda el Ejército Nacional hasta 1942, momento que se instaura el servicio militar obligatorio en el país. Para dar respuesta a estas preguntas este documento recurrió a diversas fuentes documentales, tales como documentos de carácter oficial, publicaciones periódicas de las fuerzas armadas, correspondencia militar y prensa que versó sobre las principales políticas del ejército de la época. Al ser una tesis con un tema de investigación ambicioso las herramientas metodológicas que utilizo para llevar a respuestas innovadoras y pertinentes son variadas. En primera instancia acojo los principales postulados de la historiografía militar, aquellos los pongo en diálogos con herramientas provenientes de los estudios de género y feministas al igual que desde otras ciencias sociales como: masculinidades, historia de las emociones, performatividad, prácticas corporales, violencia contra las mujeres y ciudadanía. A partir de ellos ofrezco pinceladas sobre las prácticas y representaciones en las fuerzas armadas mexicanas. Ingresar a la historia militar es también una ventana para entender un lenguaje y unas formas. En muchas ocasiones no sabemos la diferencia entre el arma de caballería y un servicio, como la Intendencia Militar. Es así como este manuscrito se detiene en primera instancia en mostrar cómo en la modernización del Ejército Nacional se definió y amplió un lenguaje que está directamente vinculado con el género que se estipuló con la instauración en unas políticas de reclutamiento, aquí expongo variados argumentos que desde disciplinas políticas, médicas y psicológicas determinaron unas diferencias sexuales y arguyeron una superioridad masculina de acuerdo con dichos argumentos. Gran parte de la historiografía militar ha señalado que las fuerzas armadas de la época estuvieron integradas por un grupo de hombres con una muy mala reputación”.

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