¿Privatización del sistema penitenciario en México? un balance entorno a las presiones construidas bajo el esquema de asociaciones publico-privadas.

ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA MARIELA DIAZ SANDOVAL (2020, [Capítulo de libro])

Entre las grandes asignaturas pendientes en el sistema penitenciario mexicano destaca la puesta en marcha de medidas significativas que coadyuven a la prevención de delitos, la disminución de los índices delictivos y la reinserción en la sociedad de quienes los hubieran

cometido. Ante las distintas problemáticas estructurales que aquejan al sistema carcelario en México, Felipe Calderón Hinojosa anunció en 2010, durante su mandato, la creación de diez penales bajo el esquema de ¿asociaciones público-privadas?, en el contexto de la ¿guerra contra el narcotráfico?. se argumentó que ante la sobrepoblación y la corrupción del sistema carcelario era necesario construir más complejos penitenciarios, a pesar de que con la reforma al sistema penal de 2008 se previó la disminución paulatina del número de internos.

No obstante, los datos siguen siendo preocupantes, pues, de acuerdo con la Comisión Nacional de Seguridad, al finalizar el 2016 la población recluida en los centros penitenciarios era de 233 469 personas (CNS 2016). En este contexto, las prisiones construidas bajo el esquema de asociaciones público-privadas no se han traducido en una alternativa positiva dentro del sistema penitenciario.

El propósito principal de este texto es identificar las características y consecuencias de la inversión de capital privado en la construcción y el manejo de complejos penitenciarios en México. Sostenemos que la utilización del esquema de asociaciones público-privadas en México para la construcción y el manejo de prisiones ha supuesto, al igual que en otros sectores, una serie de problemas, como el dispendio y la opacidad en el uso de los recursos públicos y la ausencia de mejoras efectivas en materia de derechos humanos.

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Claroscuros de la cuarta transformación: Las asociaciones publico-privadas en la construcción del tren maya.

ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA MARIELA DIAZ SANDOVAL (2022, [Capítulo de libro])

El objetivo de este artículo es identificar las características del uso de las Asociaciones Público-Privadas (APP) para la construcción y manejo de infraestructura pública bajo el gobierno de la Cuarta Transformación. Para ello se elabora un análisis de la utilización de este esquema en el macroproyecto Tren Maya, una de las obras insignes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO). El argumento central de este artículo es que, aun cuando las APP son un instrumento útil para impulsar el ambicioso plan de infraestructura del actual gobierno, éstas han sufrido cambios importantes al no privilegiar los tradicionales contratos de larga duración. Se concluye afirmando que el proyecto político enarbolado por el actual presidente del país explica, en parte, el viraje en la orientación de las APP.

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Capacidades de Gestión Pública. Análisis de los gobiernos de los municipios semi-urbanos del estado de Michoacán

HUGO AMADOR HERRERA TORRES RENE COLIN MARTINEZ (2014, [Artículo])

Con la operación de una batería de indicadores se calcularon índices para determinar el grado de consolidación de las capacidades de gestión de los gobiernos de los municipios semi-urbanos de Michoacán. El modelo de gestión operante en estos gobiernos es el burocrático. Los índices muestran que las capacidades de gestión —de estos gobiernos— se encuentran en una posición inaceptable (baja). Sus capacidades resultan insuficientes para desarrollar las funciones municipales básicas con la calidad mínima requerida. Lo inmediato para mejorarlas no está en el incremento de recursos externos o en la importación acrítica

de instrumentos de operación diseñados por agencias externas, sino en la consolidación de las capacidades ya existentes, así como en la generación de ambientes de certeza política en el espacio municipal. Se trata de afianzar

el modelo burocrático en combinación con la gobernanza responsiva. Esto no anula la incorporación de herramientas provenientes de la Nueva Gerencia Pública. En los gobiernos

de los municipios semi-urbanos, el reto está en introducir cambios coherentes con su modelo, que permitan de manera sincrónica operar mejor y consolidar prácticas democráticas.

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Mapas y esferas que redibujaron el mundo: el arribo de Cristóbal Colón a Cipango

JUAN ANTONIO LAVIADA (2023, [Capítulo de libro])

Universidad Autónoma Metropolitana (México). Unidad Azcapotzalco. División de Ciencias y Artes para el Diseño. Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo. Área de Estudios Urbanos.

Desde su arribo a las islas, Colón estaba convencido de estar en las cercanías de Cipango, nada parecía convencerlo de lo contrario; todo lo que observa lo interpreta desde su convicción de estar en Asia. En el primer apartado de este capítulo se intentará demostrar tomando como referencia los escritos del propio Cristóbal Colón que éste consultó cartas de navegación, esferas e incluso tenía la firme intención de realizar una carta de navegación con el fin de mostrar la ubicación de Cipango. El segundo apartado refiere al hecho de que la única fuente documental sobre Cipango de la cual se tenía noticia dependía exclusivamente de narraciones de Marco Polo y se debatirá si Colón conoció o no dichos relatos.

Cartography--America--History. America--Discovery and exploration. Columbus, Christopher--Influence. Cartografía -- Historia. GA401 CIENCIAS FÍSICO MATEMÁTICAS Y CIENCIAS DE LA TIERRA CIENCIAS DE LA TIERRA Y DEL ESPACIO GEOGRAFÍA CARTOGRAFÍA GEOGRÁFICA

Populismo y democracia. Proximidad y lejanía

ROBERTO GARCIA JURADO (2023, [Artículo])

"La caída del Muro de Berlín en 1989 fue un acontecimiento mundial significativo, con importantes implicaciones en todos los campos de la vida social, en especial en el de la política. Parecía señalar el triunfo indiscutible de la ideología y las instituciones democráticas, tal y como se les entendía en el mundo occidental. Además, sea entreveía la consolidación definitiva de las llamadas democracias occidentales, que habían sobrevivido a la fuerte crisis económica de los años setenta, así como a todas sus secuelas sociales y políticas de los ochenta".

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El arte de contar cuentos y rendir cuentas: la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora (2004-2010).

OSCAR NICASIO LAGUNES LOPEZ (2011, [Tesis de maestría])

La presente investigación tiene por objetivo general analizar la función fiscalizadora del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) en el periodo 2004-10, concretamente en cuanto a la aplicación e uso indebido de los recursos públicos de los sujetos obligados a nivel estatal. La pregunta general que dirige toda la investigación es si la fiscalización que lleva a cabo el ISAF ha contribuido a combatir la corrupción, entendida como la malversación o uso indebido de los recursos públicos. La respuesta obtenida al final de la indagación documental es que el ISAF no ha evitado la corrupción en el uso de los recursos públicos, sino que únicamente la ha reducido. Tampoco ha podido desalentar las prácticas deshonestas en los servidores públicos, a causa de su limitada capacidad legal para aplicar sanciones.

Durante los años ochenta comenzaron a desarrollarse algunos conceptos teóricos como los de Sociedad Civil, New Public Magnament, Governance y Capital Social que asentaban las bases ideales en las que deberían fundarse las relaciones entre el Estado y la sociedad. Los lineamientos teóricos de estos conceptos fracasaron y en los noventas apareció el concepto de Accountability, “rendición de cuentas”, ante un clima de corrupción e incertidumbre en el manejo de los recursos públicos. Este término alude a la obligación que tienen los gobiernos de informar y dar cuenta de sus acciones a la sociedad. El rendir cuentas se tornó así en una obligación de los gobiernos y en un derecho de los ciudadanos. La rendición de cuentas busca disminuir la corrupción en el ejercicio de la función pública, por medio de la fiscalización que realizan las entidades encargadas de ejercerla en cada Estado. Para lograr este objetivo, estas entidades se atienen a los principios o criterios económicos de eficiencia, eficacia, equidad y honestidad en el manejo de los recursos públicos.

En el Estado de Sonora, el Instituto Superior de Auditoría y fiscalización es el encargado de fiscalizar las cuentas públicas del Estado y los Municipios y todas las dependencias del gobierno. La cuenta pública es un reporte anual que debe entregar el gobierno estatal y municipal para que den cuenta de los estados financieros, origen y destinos de sus gastos, decisiones, contratos y estado del cumplimiento de los objetivos y metas de los programas y subprogramas de gobierno. Las cuentas públicas deben de interpretarse según la lógica de la buena práctica o lógica de la eficiencia en las acciones y la lógica de lo correcto o lógica del apego a la legalidad. Es importante también la aplicación de medidas y sanciones para desalentar la corrupción al interior del gobierno.

El marco legal existente en el Estado de Sonora sobre la fiscalización de las cuentas públicas estatales está integrado por siete leyes. Sin embargo, éste no es preciso en cuanto al modo en el que debe darse el proceso de fiscalización, pues son vagos los plazos que establece para que sean realizadas ciertas acciones entorno a dicho proceso. Las sanciones previstas en estas leyes contemplan la aplicación de multas económicas, amonestaciones, apercibimientos para los casos de incumplimiento de deberes en la función pública. Las sanciones más fuertes que se deben aplicar para casos graves de delitos cometidos por los funcionarios públicos son la suspensión, la destitución del puesto y la inhabilitación, pero la legislación no explica en qué consisten, no las define. Las leyes sobre la fiscalización de las cuentas públicas tampoco definen conceptos como el de fiscalización y Auditoría. Estas sanciones son insuficientes, ya que no prevén la posibilidad de que un servidor público se quede con bienes del Estado tan vastos como para vivir holgadamente toda la vida y disfrutar de su libertad.

La Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora (2008) es la más reciente de las leyes en lo que a fiscalización de cuentas públicas se refiere. Es importante porque faculta al ISAF para promover el fincamiento de responsabilidades y fincar indemnizaciones resarcitorias a aquellos funcionarios que hayan dañado el patrimonio público. No obstante, el Instituto no puede aplicar sanciones administrativas, atribución exclusiva de la Contraloría del Estado. La legislación vigente limita al ISAF su campo de acción para que pueda aplicar sanciones distintas a las económicas.

La aplicación de sanciones se realiza con discrecionalidad y haciendo excepción de personas, según se trate de funcionarios miembros del partido mayoritario del congreso o del gobernador del Estado. La inexistencia de casos en la historia del Estado de Sonora de gobernadores que hayan sido castigados con cárcel y con sanciones económicas hace pensar: a) o que el gobernador es un dechado de virtudes, o b) que simplemente no se le ha aplicado la ley. La desproporcionalidad entre delito y sanción, la falta de claridad en la aplicación de sanciones, la imprecisión de las leyes y la ambigüedad de los procedimientos para aplicarlas generan leyes débiles que abren ventanas a la corrupción en la administración pública gubernamental.

El marco institucional y al proceso de revisión de las cuentas públicas es fundamental para comprender el proceso de fiscalización de las cuentas públicas en el Estado. La Contaduría Mayor de Hacienda (CMH) evolucionó hacia el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) el 12 de julio del 2005; la elección del Auditor Mayor que preside al ISAF tiene lugar cada siete años y la estructura orgánica de este órgano técnico del Congreso del Estado consta de un total de 105 funcionarios.

Los gobiernos divididos permiten mayor pluralidad política y que un partido sea el contrapeso de otro; además, asegura que ningún poder esté por encima de los demás poderes. El primer gobierno dividido en México llegó en 1997 y en Sonora tuvo lugar en la LV Legislatura (1997-2000). Las principales leyes de fiscalización en México y en Sonora han sido aprobadas bajo este tipo de gobiernos. La fiscalización de las cuentas públicas 2004-2010 fue realizada en el contexto de gobiernos divididos, particularmente en las administraciones de Eduardo Robinson Bours Castelo (2003-2009), Guillermo Padrés Elías (2009-2015) y durante las Legislaturas LVII, LVIII y LIX del Congreso del Estado.

La Comisión de Vigilancia es la intermediaria entre el Congreso y el ISAF para el proceso de fiscalización de las cuentas públicas estatales. Éstas son elaboradas por la Secretaría de Hacienda del Estado y enviadas al Congreso por el Ejecutivo del Estado. El ISAF es el responsable de revisar las cuentas públicas del año inmediato anterior, una vez que se las turna el Congreso. Posteriormente, el ISAF envía el Informe de Resultados de la Revisión de las Cuentas Públicas Estatales al Congreso, a través de la Comisión de Vigilancia, para su aprobación. La Contraloría del Estado da seguimiento a las observaciones que se deriven de dicha revisión para su solventación.

Las observaciones de los informes de resultados de la revisión de las cuentas públicas del Estado de Sonora se tipifican en seis clases: Incumplimiento de Metas (IM), Irregularidades en la Asignación de Contratos (IAC), Irregularidades en la Obra Pública (IOP), Gastos No Comprobados (GNC), Gastos No Autorizados (GNA) e Incumplimiento de Deberes Institucionales (IDI).

Las cinco dependencias de gobierno en orden de la que más a la que menos observaciones recibió en el periodo 2004-2010 fueron la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR), la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Gobierno, la Secretaría de la Contraloría General y el Ejecutivo del Estado. Las que más solventaron sus observaciones fueron la Secretaría de la Contraloría General y la Secretaría de Gobierno; las que menos solventaron fueron la SEC y la SIDUR. El Ejecutivo del Estado no generó observaciones qué solventar. En orden al presupuesto ejercido, las que más ejercieron presupuesto fueron la Secretaría de Educación y Cultura (SEC), la Secretaría de Infraestructura y Desarrollo Urbano (SIDUR) y la Secretaría de Gobierno; las que menos ejercieron, el Ejecutivo del Estado y la Secretaría de la Contraloría General.

Las categorías de observaciones más frecuencias en estas cinco dependencias de gobierno son las de IOP, GNA y GNC que también son las que tienen monto financiero. La SEC y la SIDUR acapararon el mayor número de estas observaciones. Sólo 43 de un total de 140 observaciones pendientes fueron de monto financiero. Esto es, el 30.71% de las observaciones pendientes presentaron monto financiero. La SIDUR con el 60.47% y la SEC con el 37.21% del total de las observaciones con monto financiero fueron las dependencias que mostraron el mayor número de estas observaciones. Este par de dependencias son las que tienen más ventanas de oportunidad para la malversación de fondos públicos.

El número de observaciones incrementó progresivamente en cada año del periodo. En cambio, el número de solventaciones incrementó progresivamente del 2004 al 2007 y decreció del 2007 al 2009, un repunte se dio del 2009 al 2010. El ejercicio del presupuesto también manifestó una tendencia de crecimiento progresivo en el periodo. Las observaciones que quedaron pendientes de solventar aumentaron progresivamente durante el periodo. Las sanciones aplicadas a los funcionarios públicos siguieron una tendencia decreciente durante el periodo. Lo que permite deducir que a mayor cantidad de sanciones menor número de observaciones pendientes de solventación.

El incremento de las observaciones durante el periodo se debe al débil marco legal existente en materia de fiscalización, a la falta de transparencia en el proceso, a los cambios de administración en el gobierno, a la falta de aplicación de sanciones fuertes a los funcionarios públicos que infringen las leyes y a que el ISAF no puede aplicar sanciones administrativas. La fiscalización que lleva a cabo el ISAF no logra evitar la corrupción en la administración pública del gobierno del Estado, entendida ésta como malversación de fondos públicos, sino que sólo la reduce.

La única entrevista conseguida fue la que otorgó el Contralor del Estado, el Lic. Carlos Tapia Astiazarán. El Auditor Mayor del Instituto Superior de Auditoría de Fiscalización (ISAF) no aceptó la entrevista. Por su parte, el diputado Otto Guillermo Claussen Iberri, presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del Estado, nunca respondió a la solicitud de entrevista.

Las solicitudes de información enviadas a la Contraloría y al ISAF fueron respondidas, pero las respuestas de la Contraloría no fueron las esperadas. A ambos organismos se les solicitó la lista de quiénes fueron los funcionados públicos estatales sancionados a raíz de la fiscalización de las cuentas públicas y sobre el estado de las solventados pendientes de las cuentas públicas de los años 2004-2010.

Las cinco dependencias recibieron en el periodo un promedio de 68.8 observaciones, al que correspondió un promedio del solventación de 40.6 observaciones, por lo que el porcentaje promedio de solventación en el periodo estudiado fue del 59.18%. Esto quiere decir que por cada 10 observaciones que recibieron las cinco dependencias en el periodo fueron solventadas sólo 6. Por lo tanto, la calificación para los organismos encargados de la fiscalización de las cuentas públicas del gobierno del Estado de Sonora es de 6. Esta calificación es respecto de la solventación de las observaciones vigentes hasta la fecha de publicación de los informes de resultados. El ISAF a la fecha del 6 de octubre del 2011 ha conseguido que se solvente el 40% (56 observaciones) del total de las observaciones (140 observaciones) que habían quedado pendientes durante el periodo para las cinco dependencias de gobierno. El número de observaciones que sigue sin solventarse es de 84, es decir, el 60% del total.

La rendición de cuentas en el gobierno del Estado de Sonora se encuentra en el estrato democratizante, caracterizado por la apertura paulatina y controlada de la información sobre el manejo de los recursos públicos, una aplicación restringida y limitada de las sanciones y la incipiente formación de una comunidad argumentativa.

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El reto de la falta de acceso al servicio de agua potable en Sonora.

ALEJANDRO NAVARRO NAVARRO (2020, [Tesis de maestría])

Se estudió la Falta de Acceso al Agua Potable Entubada (FAAPE) en viviendas del estado se Sonora, México. El objetivo general fue identificar los principales lugares con esta problemática, así como los factores asociados a ésta. Desde las perspectivas de la seguridad hídrica, el derecho humano al agua y los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidas se operacionalizó el concepto de FAAPE. A través de métodos cuantitativos de estadística descriptiva e inferencial, la construcción de un Sistema de Información Geográfica (SIG) y técnicas de análisis espacial se trabajó con datos oficiales de INEGI (2010, 2015) a nivel AGEB y vivienda, rurales o urbanos; también se realizaron visitas de campo y entrevistas semiestructuradas en dos casos de estudio. Los resultados del análisis de autocorrelación espacial a nivel AGEB mostraron que: 1) en el año 2010, los municipios con una mayor concentración de viviendas con FAAPE eran Nogales (11,054) y Huatabampo (2,459), en el ámbito urbano y rural, respectivamente; estos dos municipios se tomaron como estudio de caso para realizar trabajo de campo; y 2) se identifican a nivel estatal para 2010, 364 AGEB como agrupamientos con valores altos (hotspots) de viviendas con FAAPE. El modelo estadístico revelo que: 1) variables relacionadas con la precariedad de la vivienda (la ausencia de escrituras, tinaco, drenaje, pisos y electricidad) están altamente asociadas al no acceso de agua potable; y 2) por otro lado, altos niveles de escolaridad inhiben la falta de acceso al agua, al igual que altos niveles de ingreso. De las visitas de campo de los casos de estudio se destaca que: 1) El principal factor que afecta el acceso al agua potable en la ciudad de Nogales es la presencia de asentamientos irregulares; 2) El área rural del municipio de Huatabampo donde las pequeñas localidades se abastecen por medio de autogestión y la mayor parte del municipio sufre de escases y mala calidad del agua. Se concluye que en los casos de estudio se garantiza parcialmente la seguridad hídrica lo que se puede generalizar para todo el estado.

CIENCIAS SOCIALES Agua potable Derecho de aguas Servicio público Abastecimiento de agua Nogales Huatabampo

The pedestrian trajectories derived from the barriers of the public space

Amanda Casillas Ana Victoria Casillas Zapata (2023, [Artículo, Artículo])

Walking behavior respond to various factors, both internal and external, the first one is linked to the pedestrian's motivation, and the second one is linked to the opportunity offered by the built environment. The public space in the cities represents the main articulator of pedestrian movements, allowing flexible or fixed types of trips to be carried out. Therefore, those urban spaces that are detached from the network conformed by the pedestrian infrastructure could limit accessibility and alter the paths of travel. This study addresses the cases of three neighborhood parks that in recent years have had their configuration transformed by closing their perimeters in a partial or total way; the main objective of this study is to identify the types of pedestrian trajectories that derive from these barriers, as for those who move from within the neighborhoods and those who move from outside. These trajectories were analyzed under a qualitative approach and a descriptive scope. This allow us to determine that the parks, according to their disposition, have the potential to attract or repel the pedestrian movement, whether they were used as a destination or a connection place for displacement. In this way, it was possible to determine that the pedestrian trajectories are conditioned by the reduced permeability of these spaces.

Pedestrian mobility Public space Parks Barriers movilidad peatonal espacio público parques barreras conectividad HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA CONDUCTA

Un Fantasma recorre el mundo: El fantasma de las privatizaciones. Balance del cambio y continuidad en las asociaciones publico-privadas bajo el gobierno de izquierda de México(2018-2021)

MARIELA DIAZ SANDOVAL ALBERTO ESPEJEL ESPINOZA (2021, [Capítulo de libro])

The purpose of this article is to analyze the politics around privatizations in the left-wing government of Andrés Manuel López Obrador (Amlo). The aim is to identify the ideational mark and the possible breaks or continuities of the infrastructure policy in a global context characterized by the promotion of the Public-Private Parnerships (ppps) -as a modality of the privatization of public goods and services-. It is argued that the ideas around the State in the current administration do not approve the participation of the private sector in the prison, and hospital sectors, freezing, to some extent, the privatization inertia promoted since the 1980s. We concluded that despite its open opposition, the Amlo government has had to use ppps in sectors such as road, energy infraestructure, and transport, due to budget restrictions that will be aggravated by the Covid-19 pandemic.

Andrés Manuel López Obrador (Amlo) public-private parnerships ideas partisian potilitics privatizations CIENCIAS SOCIALES CIENCIA POLÍTICA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA OTRAS

Treinta años de cooperación al desarrollo en España: análisis de la continuidad y cambio en las políticas públicas

LUZ MA. MUÑOZ MARQUEZ (2013, [Artículo])

A partir del análisis de la red de actores (policy network) y de la teoría del equilibrio interrumpido desarrollado por Baumgartner y Jones (1993), en este trabajo se analiza el caso de la política de cooperación al desarrollo de España desde la transición democrática hasta el presente. El objetivo es analizar la continuidad y cambio de esta política desde la perspectiva del análisis de las políticas públicas. Se demuestra que, al igual que en otros casos, la estabilidad más que el cambio caracteriza su evolución. Al mismo tiempo, se señala que las características propias del subsistema político de la cooperación al desarrollo afectan la

magnitud y la frecuencia de los cambios en la política.

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